En febrero de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la exclusión de las empleadas del hogar de las prestaciones por desempleo que recoge la normativa española es contraria al derecho de la Unión Europea. Exclusivamente estas profesionales son mujeres y un alto porcentaje de estas trabajadoras son mujeres migrantes y racializadas, entonces esta norma constituye una discriminación indirecta por razón de sexo.
No se puede negar que esto pasa, me refiero a la merma en derechos laborales, porque son mujeres quienes realizan este tipo de trabajo, es el patriarcado, y para mejorar la vida de las mujeres trabajadoras, el movimiento feminista migrante lucha y seguirá luchando por conquistar igualdad y dignidad para todas.
La Directiva sobre igualdad en materia de Seguridad Social se opone a una disposición española que excluye el desempleo de las prestaciones de Seguridad Social concedidas a los y las empleadas de hogar. El TJUE concluye que al momento de regular el sistema de seguridad social y en particular las prestaciones por desempleo, los países de la UE “deben respetar el principio de no discriminación por razón de sexo”. A esto llamamos igualdad.
Aunque no todo empezó con esta sentencia, sí podemos decir que fue el elemento acelerador para lograr la tan esperada ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por parte del gobierno central de España.
Como activista por los derechos de las personas inmigrantes, me tomé como propia esta lucha por mejorar los derechos laborales de las mujeres de origen inmigrante que trabajan en los hogares y realizan tareas domésticas, cuidando personas, ya sean ancianos, personas dependientes o niñas y niños. Es un trabajo que se consideró durante la pandemia como esencial.
Europa envejece y necesita personas que cuiden de sus mayores y/o personas dependientes. Y muchas veces en este tipo de relaciones laborales se crean fuertes vínculos, pero no es excusa para las vulneraciones de derechos que se cometen en este sector laboral. Es cierto que se dan altibajos en las relaciones de dos personas forzadas por el destino: necesidad de atención aquí, en España, pobreza allá, en los países extracomunitarios, que es de donde provienen la mayoría de las mujeres que trabajan en este sector. Estas mujeres se organizan, se asocian y luchan por sus derechos. Siempre está mi reconocimiento y apoyo a las asociaciones que luchan duro por sus derechos: Sedoac, Amuinca, Aiphyc, Trabajadoras del hogar de Castellón, de Granada, de Sevilla, entre otras.
Luego, ya como diputada electa y portavoz en la Comisión de Políticas Inclusivas y Empleo de les Corts Valencianes, siempre reivindicando los derechos de las personas a quien represento, he centrado mi trabajo en realizar iniciativas parlamentarias sobre los derechos de las trabajadoras. Tal es así que solicitamos al Gobierno de España que agilizará los trámites para proceder a la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Una reivindicación constante de las trabajadoras desde 2011.
El 9 de junio de este año por fin llegó la ratificación por parte del gobierno de España, lo que implica la equiparación de derechos laborales y de protección social. Sobre todo, porque obliga a la protección por desempleo, la mayor reivindicación del sector, ya que es la única profesión excluida del derecho al paro.
Avanzamos. Ahora toca esperar el proceso correspondiente con la esperanza de que el derecho al paro sea una realidad en 2023.
Irene Gómez Santos
